Los partidos políticos, en Chile y en el resto del mundo occidental, son
democráticos en la medida en que respeten y acaten el Estado de Derecho.
Ello implica, aceptar lo establecido en la Constitución Política del estado, sus
leyes aprobadas por un parlamento independiente y todas las normas que el
país se da para lograr una convivencia armónica entre todos los ciudadanos.
En Chile, el Partido comunista, no es democrático y solo acepta el Estado de
Derecho, cuando dicho estado le es favorable.
Señalamos lo anterior, a raíz del caso de Daniel Jadue, un alcalde comunista
de una comuna de la capital, que esta formalizado por diversos delitos entre
los cuales se puede mencionar cohecho, administración desleal, fraude al
fisco, estafa y delito concursal.
Todo lo anterior, que debería avergonzar al partido al cual pertenece el señor
Jadue, le es a dicho partido totalmente indiferente. Lejos de a lo menos,
suspenderle su militancia mientras se aclara su situación jurídica, el Partido
Comunista organizo un verdadero “portonazo judicial” cuando este militante
llegó a declarar a los tribunales y ahora, por declaraciones del Presidente del
comunismo criollo, sabemos que están organizando diversos comités de
apoyo al señor Jadue – nacionales y extranjeros – para solicitar su libertad.
Todos sabemos que el comunismo es muy hábil para crear organizaciones de
fachada – de artistas, escritores, profesores – que después utiliza para
conseguir sus fines.
El ex Presidente Lagos señalaba que había que dejar “que las instituciones
funcionen”. El comunismo chileno, por el contrario, utilizando la presión
indebida sobre el Poder judicial, pretende de manera impropia lograr borrar
de un plumazo los delitos por los cuales se encuentra imputado el alcalde y
lograr por la vía de la presión, su libertad inmediata.
Los dos ejemplos ya mencionados, demuestran que el comunismo chileno no
tiene mentalidad democrática sino que, como en todos los países en que
gobierna, pretende convertir a los tribunales en un poder subordinado al
poder político, eliminando su independencia que es como ya hemos
señalado, una de las características fundamentales del Estado de Derecho.
