La anterior legislación, en el caso de extravío, hurto, robo o fraude de una tarjeta
bancaria, establecía que el titular de ella debía probar ante el banco emisor que lo
anterior había ocurrido sin su intervención. Los bancos, requerían un cumulo de
antecedentes para devolver el dinero perdido hecho que alargaba en demasía el
plazo de su devolución… si es que esto ocurría. La situación anterior, se prestó
para múltiples problemas, razón por la cual el legislador – en el año 2020 – cambio
la Ley, estableciendo que cuando el titular de una cuenta bancaria avisa al emisor
sobre el extravío, hurto, robo o fraude de la tarjeta, el banco emisor de las tarjetas
será el responsable de todas las operaciones realizadas después del aviso,
incluyendo aquellas que hayan sido realizadas hasta 120 días anteriores al aviso.
La Ley señala también que el banco emisor debe abonar al titular de la cuenta
bancaria, hasta 35 UF, dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso, y si el
monto es superior a 35 UF, el exceso debe abonarse dentro de los 7 días hábiles
siguientes. El gran problema es que la Ley actual revirtió el peso de la prueba y
en la actualidad, acreditar el robo de la tarjeta recae en el emisor, quien puede
eximir su responsabilidad si se acredita, mediante sentencia firme y ejecutoriada
de un juez de policía local, que el titular actuó con dolo o culpa grave. En la
práctica, esto es casi imposible de probar.
La legislación actual se presta para un auto fraude en los medios de pago de la
banca. De hecho, estos, aumentaron el doble en 2023 y el BancoEstado, entidad
estatal, registró más de la mitad del total de los fraudes.
De acuerdo a los datos proporcionados por los bancos, 671.352 usuarios
declararon haber sido objeto de fraudes al cierre del año pasado. El aumento fue
de un 117%. Y los montos involucrados fueron $243.198 millones, con un aumento
record de 123%.
El BancoEstado registró un 59% de la mitad del total de los involucrados, pues
casi 400 mil usuarios reportaron haberse visto afectados. Esto significó un 316%
en comparación con el año 2022, cuando hubo 95.035 usuarios que dijeron
haberse visto afectados. BancoEstado también representó más de la mitad de ese
total (54,5%), ya que registró $132.547 millones en montos defraudados, esto es
un incremento de 749% versus lo que anotó en 2022. El número de usuarios
afectados así como los montos involucrados llegaron a su máximo peak, desde
que los bancos empezaron a reportar estas cifras en el segundo semestre de
2020. Hay tres ítems que son los que presentan los mayores fraudes y que según
la Ley, obliga a los bancos a devolver los montos a los usuarios cuando éstos
desconocen las transacciones en distintos medios de pagos.
Transacciones en cajeros automáticos: Tuvo un alza interanual de un 1.349%
en número de usuarios afectados, totalizando 175.778 el año pasado. El
BancoEstado representó un 94% de ese total. El monto defraudado subió un
2.459% totalizando $ 93.915 millones en 2023.
Tarjetas de débito: Se registraron 266.402 usuarios afectados en 2023, lo que
significó un alza de 113% comparado con el año anterior. BancoEstado, es el
banco con la mayor cantidad de tarjetas de débito o CuentaRUT. La estatal
representó un 66% del total, con 176.233 usuarios que señalaron haberse visto
afectados. El fraude con tarjetas de débito aumentó un 166% sumando $ 46.300
millones el año pasado. BancoEstado representó un 57% de ellos, con un debe de
$ 26.458 millones.
Trasferencias electrónicas: Anotaron un incremento de un 120%, totalizando
68.978 usuarios y BancoEstado representó un 66% del total. El monto total
involucrado, subió un 15,6%, con $40.032 millones de perdida. BancoEstado
represento un 30% del total.
Todo lo anterior, hizo que los bancos y las autoridades del sector han señalado
que la nueva ley de fraudes con tarjetas lo fomenta y han pedido su modificación.
El gobierno está tramitando un proyecto en el Congreso para terminar con los
fraudes indiscriminados que afectan a la banca pública y privada.
Daniel Hojman, presidente de BancoEstado, señaló que los reclamos pagados por
ley de fraudes se han multiplicado por 7 y que los montos involucrados han
crecido 19 veces. Acusó que el problema no es falta de medidas de seguridad, ni
falta de tecnología, sino más bien una debilidad en la regulación que está
asociada con un incentivo al auto fraude.
