Por Jorge Castro M
Ciudad de México
Esta semana, el Senado de México aprobó un total y completo cambio del sistema
judicial del país. La aprobación se produjo cuando quedan solo dos semanas para
el fin del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido
como AMLO y en plena de la independencia nacional.
La ley aprobada fue propuesta por el Presidente quien cree que es una medida
necesaria para eliminar la corrupción dentro del sistema judicial y poner la dictación de
la justicia en manos de los ciudadanos. En el país mexicano, existe un amplio
consenso sobre las deficiencias del poder judicial y en general sobre la dictación de
justicia.
La Ley propone, la elección de la mayoría de jueces a través de voto popular, incluidos
los de la Suprema Corte de Justicia, El nuevo sistema, afectaría a 7000 magistrados y
eliminaría la mayoría de nombramientos;
Los cambios, se implementarían gradualmente, con una gran parte del poder judicial
participando en una elección en 2025 y el resto en 2027. Los estados, en su mayoría
gobernados por Morena, el partido del presidente y de su sucesora, la ingeniera
Claudia Sheinbaum, deberán modificar sus constituciones para organizar las
elecciones.
Juristas, trabajadores judiciales y políticos de la oposición argumentan que, en lugar
de subsanar los problemas del sistema judicial, la medida esta destinada a fortalecer
el poder del partido Morena, que se pierda la independencia judicial y que las
campañas abran la puerta a fondos provenientes del narco tráfico.
Los mexicanos se han volcado a las calles para defender y otros para rechazar la
nueva Ley. Los trabajadores judiciales se han declarado en paro en contra de la nueva
legislación.
Algunos analistas destacados han señalado que la nueva Ley “podría abrir la puerta al
control del poder judicial por parte del crimen organizado y socavar los cimientos del
Estado de derecho en México”.
