Por Juan Carlos Aguilera P.
Dr. en Filosofía y Letras.
Universidad de Navarra, España
La política puede corregir injusticias y reformar instituciones, pero no crear al
hombre ni disponer de los bienes que preceden al Estado. La vida, la familia, la
libertad y la sociabilidad humana no son concesiones del poder. El segundo
gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) representó un cambio decisivo en la
historia política chilena. No fue simplemente otro gobierno de la Concertación, sino
el comienzo de un proyecto que pretendía transformar las estructuras políticas,
económicas y sociales del país. Una década después, parte de aquel impulso
desembocaría en la tentativa de refundación constitucional que los chilenos
rechazaron en septiembre de 2022.Durante los veinte años de la Concertación, Chile había combinado economía
abierta, iniciativa privada, responsabilidad fiscal y políticas sociales progresivas.
Los resultados fueron extraordinarios en la reducción de la pobreza, el crecimiento
la expansión de las clases medias y la estabilidad democrática. Persistían
problemas, pero la lógica dominante consistía en corregirlos sin destruir los bienes
alcanzados. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 introdujeron una
interpretación diferente. Las deficiencias educacionales, el endeudamiento y las
desigualdades comenzaron a atribuirse al modelo mismo. Si el problema estaba
en las estructuras, la respuesta debía ser transformarlas.
Bachelet convirtió aquella crítica en programa gubernamental. Su propuesta de
2013 anunció tres grandes reformas: tributaria, educacional y constitucional. La
Nueva Mayoría incorporó además al Partido Comunista, ampliando hacia la
izquierda una coalición que hasta entonces había gobernado desde la gradualidad
y los acuerdos. La educación fue el laboratorio del nuevo ciclo. La reforma
modificó la selección, el copago, el lucro y la administración de los
establecimientos, mientras la gratuidad universitaria aumentaba la responsabilidad
financiera del Estado. El problema fue haber concedido primacía a la arquitectura
institucional sobre la finalidad de educar.
Educar es ayudar a crecer. Significa introducir a una persona en una realidad que
no ha creado para que pueda conocerla, juzgarla y actuar libremente en ella.
Supone verdad, libertad, autoridad pedagógica y transmisión cultural. Los padres
poseen una responsabilidad educativa anterior al Estado, cuya función consiste en
ayudarlos, no en sustituirlos.
En economía, la reforma tributaria amplió la recaudación con el propósito de
financiar nuevas prestaciones, mientras la reforma laboral reforzó la regulación de
las relaciones productivas. Se debilitó así el equilibrio entre la iniciativa social y la
expansión estatal que había caracterizado a la Concertación. La riqueza, sin
embargo, debe producirse antes de distribuirse. La empresa no es una
organización esencialmente explotadora, sino una comunidad de cooperación
entre el trabajo, el capital y el conocimiento. El cambio alcanzó también a la
antropología. La ley de aborto en tres causales introdujo una ruptura en la
protección jurídica de la vida prenatal. La dignidad humana no depende de la
salud, de las circunstancias de la concepción ni de la voluntad de terceros. La
libertad tampoco consiste en la mera capacidad de elegir, sino en poder conocer y
querer el bien.
Todas estas transformaciones debían culminar en una nueva Constitución.
Bachelet impulsó un proceso participativo y presentó en 2018 un proyecto que
pretendía sustituir la Carta vigente, aunque dentro de la tradición institucional
chilena. La nueva izquierda consideró insuficiente aquel proyecto. El Frente
Amplio, surgido del ciclo de movilizaciones estudiantiles, avanzó hacia una crítica
más radical del orden de la transición. Después de octubre de 2019, la cuestión
constitucional adquirió una dimensión distinta. La Convención de 2021-2022
propuso plurinacionalidad, sistemas jurídicos indígenas, una reorganización
territorial y una nueva distribución del poder. Ya no se trataba solamente de
transformar estructuras, sino de redefinir los fundamentos de la comunidad
política. El 4 de septiembre de 2022, el 61.86 % de los votantes rechazó aquella
propuesta.
La secuencia permite comprender el lugar histórico de Bachelet. La Concertación
quiso reformar; Bachelet quiso transformar estructuras; la nueva izquierda avanzó
hacia la refundación. No existe una causalidad inevitable entre esas etapas, pero
sí una continuidad política reconocible. La enseñanza es fundamental. La política
puede corregir injusticias y reformar instituciones, pero no crear al hombre ni
disponer de los bienes que preceden al Estado. La vida, la familia, la libertad y la
sociabilidad humana no son concesiones del poder.
