Todos saben que la situación fiscal es estrecha, como ha insistido el Consejo Fiscal Autónomo. Lo que muy pocos dimensionan es que los primeros 90 días del próximo gobierno serán decisivos. En ese plazo dispuesto por la ley de responsabilidad fiscal, la nueva administración tendrá que armar contrarreloj un rompecabezas de miles de piezas y plasmar en un decreto la política fiscal para todo su período. No solo deberá explicar cuál será su trayectoria de convergencia fiscal, sino también fijar con precisión las metas anuales de balance estructural y el nivel de deuda —que hoy alcanza 43,3% del PIB— que considera prudente no superar, y que el CFA espera que se mantenga en 45%.
Por si esto fuera poco, a las obligaciones ya detalladas hay que agregar que el nuevo gobierno además debe presentar un plan de corrección por el incumplimiento de la meta fiscal heredado de la administración saliente. Un desvío que el propio gobierno había reconocido como significativo en octubre pasado, y que hoy se espera que sea aún mayor..
Ese lastre acompañará a la nueva administración desde el primer día y se sumará a sus propios desafíos fiscales, incluyendo una rebaja tributaria que necesita ser compensada, ya sea por menores gastos y/o por otras fuentes de financiamiento. En ese tablero, parte relevante de los recortes por seis mil millones de dólares prometidos serán necesarios para corregir el desbalance fiscal heredado, mientras el reloj avanza sin pausas ni segundas oportunidades.
• Empleo e incentivos tributarios: la novedosa –¿y riesgosa?– receta del nuevo gobierno
El próximo gobierno asumirá con una alerta encendida en el mercado laboral. A fines de 2025, el desempleo alcanzó un 8,4% —unos 865 mil desocupados— tras casi tres años estancado por sobre el 8%. La creación de empleo ha sido débil y desigual, concentrándose en las grandes empresas, mientras las más pequeñas llevan cerca de un año destruyendo puestos de trabajo.
La nueva administración atribuye parte del problema al fuerte aumento de los costos laborales y propone responder con un inédito incentivo tributario como compensación. Según lo conocido hasta ahora, la medida combinaría una rebaja del impuesto de primera categoría —de 27% a 23%— con un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores con mayor riesgo de informalidad, permitiendo descontar de la carga tributaria un porcentaje de la planilla de sueldos. El beneficio reduciría la carga tributaria en función de la intensidad del uso de mano de obra, con una rebaja promedio cercana a 3 puntos, que podría llegar hasta 5 en algunos casos.
El diagnóstico y el objetivo son atendibles: el incentivo puede ayudar a sostener el empleo formal y aumentarlo en los márgenes. Sin embargo, el principal riesgo es que termine subsidiando empleo ya creado, con un costo fiscal potencialmente alto y un efecto limitado en nuevas contrataciones. Al operar de manera indirecta y ex post, vía impuestos, no reduce el costo inmediato de contratar y además deja fuera a las empresas pequeñas —con regímenes tributarios distintos— que concentran el empleo más vulnerable a informalidad y donde se ha concentrado la destrucción de empleo. Por ello, el diseño debiera priorizar nuevas contrataciones y minimizar conductas estratégicas, además de ser transitorio, evaluable y no introducir complejidades innecesarias a los contribuyentes.
• Viento a favor, pero no en piloto automático
El gobierno entrante comienza 2026 con un escenario macroeconómico que parece auspicioso: el precio del cobre se ha fortalecido, los términos de intercambio mejoran, el peso se aprecia y el ciclo monetario empieza a jugar a favor, con tasas de interés en descenso. Tras varios años de estancamiento, la inversión muestra señales incipientes de recuperación, aunque sólo aquella asociada a maquinarias y equipos
El problema es que este impulso, por sí solo, no cambia la trayectoria de crecimiento. Para este año se espera una expansión mayor, pero las proyecciones para los siguientes siguen ancladas en tasas levemente superiores a las de la actual administración, que registra el segundo peor desempeño desde el retorno a la democracia. Que este viento a favor se traduzca en crecimiento sostenido dependerá del nuevo gobierno: de su capacidad para impulsar cambios estructurales que fortalezcan la inversión y la productividad, y de enfrentar las restricciones que heredará, en especial el creciente y persistente déficit fiscal y un mercado laboral debilitado.
