Tras la entrega del informe de la Comisión Presidencial para la Actualización de la
Medición de la Pobreza, el diagnóstico ha cambiado: la pobreza en Chile no sería
de un 6,5%, sino de un 22,3%. Este artículo analiza las recomendaciones
técnicas, sus implicancias políticas y la urgencia de actualizar nuestras políticas
sociales.
¿Cuánta pobreza hay en Chile? La respuesta a esta pregunta es clave para las
políticas públicas. Según la última cifra oficial de 2022, 6,5% de la población de
nuestro país vive bajo la línea de la pobreza. Es decir, la más baja desde que se
tiene registro. Sin duda todo un logro. Sin embargo, estábamos equivocados; o
más bien se requiere ir perfeccionando y actualizando la medición de un fenómeno
tan complejo y desafiante.
Así lo ha revelado la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la
Pobreza, que en sus recientes recomendaciones asegura que ese número más
que se triplica, alcanzando un 22,3% de la población (ver Gráfico 1). Esto implica
que más de uno de cada cinco chilenos vive con ingresos insuficientes para
satisfacer sus necesidades básicas. Lo que cambia no es la realidad vivida por las
personas, sino los criterios con los que el Estado ahora la mide. Y esa no es una
diferencia trivial: es el punto de partida sobre el cual se construyen las políticas
sociales relevantes.
Valorar el trabajo de esta comisión es reconocer que medir bien la pobreza no es
un ejercicio técnico ajeno al debate público, sino un acto político de primer orden.
Porque lo que no se mide bien, no se ve. Y lo que no se ve, no se enfrenta.
Convocada una década después de la anterior, esta instancia asumió el desafío
de perfeccionar los instrumentos de medición, con la ambición de ponerlos a la
altura del país que queremos construir. Aunque se abordaron múltiples aspectos,
todos apuntan a refinar la medición de la pobreza por ingresos y de la pobreza
multidimensional, a través de ajustes en la metodología, mejoras en la captura de
datos y adaptaciones a las transformaciones que ha experimentado la sociedad
chilena en las últimas décadas. A continuación, revisemos brevemente ambas.
Pobreza por ingresos: entre calorías, arriendos y cifras rezagadas
La medición de la pobreza por ingresos parte de una idea sencilla pero crucial:
¿pueden los hogares, con los ingresos que perciben, cubrir una canasta básica de
bienes esenciales? Esta línea se construye a partir de la identificación de una
población de referencia correspondiente al quintil de menores ingresos que
satisface los requerimientos calóricos recomendados (2.000 Kcal. diarias por
persona), en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Con base en
sus patrones de consumo se define la Canasta Básica Alimentaria. A este valor se
le añade el gasto en bienes no alimentarios observado en ese mismo grupo para
obtener el valor total y luego calcular la línea de la pobreza. Luego, utilizando los
datos de ingresos totales reportados en la encuesta CASEN, se estima cuántos
hogares están por debajo de ese umbral. Así se determina la tasa oficial de
pobreza por ingresos en Chile.
Una primera mejora propuesta a la metodología apunta a utilizar información
más actualizada sobre el gasto de los hogares. Aunque cueste creerlo, la tasa
oficial de pobreza de 2022 se calculó en base a la EPF 7 de 2012, ajustada
únicamente por IPC. El problema no es solo que han pasado más de diez años,
sino que también han cambiado los patrones de consumo. Según estimaciones de
la comisión, si se hubiera utilizado la EPF 8 de 2017, la tasa de pobreza en 2022
no habría sido 6,5%, sino 15,9%, más del doble. Esta nueva EPF, además de
reflejar mejor los patrones actuales, es más rigurosa en captar los precios que
está pagando la población de referencia por la compra de los bienes y servicios.
Pero ya estamos en 2025 y aun con esta actualización seguiremos con casi una
década de rezago. La comisión optó por no utilizar la EPF 9 (2022), argumentando
que los patrones de consumo están distorsionados por el efecto de los retiros de
fondos previsionales y los cuantiosos subsidios entregados durante la pandemia.
Esto no hace sino reforzar la necesidad de institucionalizar un mecanismo que
actualice periódicamente la canasta básica, para así no dejar pasar un periodo tan
extenso entre cada revisión.
Otro aspecto analizado es la composición de la canasta básica de alimentos. El
umbral de 2.000 Kcal. diarias, que ha sido el insumo central para definir la línea de
la pobreza, responde a una lógica antigua, centrada en asegurar la ingesta
calórica mínima. Pero hoy, en medio de una “pandemia silenciosa” como la
obesidad, ese criterio resulta claramente insuficiente.
El debate ha pasado de contar calorías a considerar la calidad nutricional. Por eso,
la comisión propone incorporar el concepto de “alimentación saludable”,
reduciendo en un 50% el consumo de alimentos ultra procesados, que incluye
desde las papas fritas hasta el pan de molde. Esta eliminación revela la tensión
normativa que implica modificar la canasta, ya que se reconoce que muchos de
estos productos están arraigados en la cultura alimentaria. En todo caso, el efecto
en la tasa de pobreza sería marginal: menos de un punto porcentual.
Otro punto relevante es el tratamiento del arriendo imputado, que busca
equiparar la situación de los hogares propietarios con la de quienes arriendan.
Hasta ahora, a quienes no pagan arriendo se les asigna un ingreso ficticio
equivalente al valor que pagarían por ocupar su propia vivienda. El problema es
que este valor se calculó en 2012 y no existe un mecanismo adecuado para
actualizarlo con el alza sostenida de los precios inmobiliarios, lo que ha llevado a
subestimar la pobreza actual (Izquierdo y Ugarte, 2024).
La comisión propone separar la línea de pobreza actual según la condición de
tenencia de la vivienda, de modo que los hogares propietarios tengan una línea
más baja que aquellos que arriendan, toda vez que sus gastos también son más
bajos. Si bien se trata de una solución de segundo orden, resulta razonable dadas
las limitaciones actuales para estimar adecuadamente el arriendo imputado. No
obstante, sería deseable reconocer su carácter transitorio e impulsar el desarrollo
de un instrumento más robusto que permita abordar esta brecha en el futuro.
En conjunto, las propuestas de la Comisión en esta dimensión representan un
avance sustantivo: corrigen rezagos, introducen mejoras largamente necesarias y
actualizan el instrumento para hacerlo más justo y representativo. Aún con
aspectos debatibles, es un paso firme hacia una medición que refleje con mayor
fidelidad la pobreza que realmente enfrentan los hogares en Chile.
Pobreza multidimensional: avanzar sin perder calidad
La pobreza multidimensional se incorporó oficialmente en Chile en 2015 y desde
entonces se ha consolidado como un complemento clave a la medición por
ingresos, al permitir un diagnóstico más amplio de las condiciones de vida. Surge
del reconocimiento de que la pobreza no se reduce a la falta de ingresos, sino que
abarca carencias en dimensiones esenciales del bienestar, como plantea el
enfoque de capacidades de Amartya Sen (1983).
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica a los hogares pobres según
las privaciones que enfrentan en diversas dimensiones del bienestar: educación,
salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social
(esta última con menor ponderación). Cada dimensión incluye tres indicadores, y
se considera pobre a un hogar que acumula carencias equivalentes a una
dimensión completa. Según los datos más recientes, la pobreza multidimensional
alcanza un 16,9% de la población, en descenso desde el 20,3% registrado en
2015.
Las propuestas de la comisión para actualizar este índice son:
significativas. Se mantienen las cinco dimensiones, pero cada una pasaría a
incluir cuatro indicadores —uno más que en la versión actual— y todas tendrían
igual ponderación, eliminando la menor relevancia que tenía la dimensión de redes
y cohesión social. La revisión contempla la incorporación, eliminación y ajuste de
indicadores, así como cambios en algunos umbrales. A continuación, se analizan
los cambios más relevantes, tanto por su impacto potencial como por su novedad
conceptual.
En educación, lo más atractivo es la incorporación de un indicador de resultados.
Un hogar será considerado carente si al menos uno de sus integrantes en
educación básica o media asiste a un colegio donde más del 50 % de los alumnos
obtienen resultados insuficientes en el SIMCE. Es una mejora importante: no basta
con asistir a la escuela, también importa la calidad. Se trata de un buen punto de
partida, para se debería avanzar hacia un umbral más exigente que el propuesto.
A diferencia de la educación, donde se propone un enfoque de resultados,
en salud este sigue ausente. Aunque se elimina correctamente el indicador de
adscripción y se mejora el de acceso, no se incorpora ningún criterio que refleje la
oportunidad de atención, pese a que las listas de espera son una de las
principales falencias del sistema. La comisión reconoce su importancia, pero deja
su incorporación para futuras actualizaciones.
Junto con lo anterior, salud incorpora cambios que generan algunas dudas. Se
reemplaza el indicador de malnutrición infantil por uno de inseguridad alimentaria,
lo que resulta discutible, ya que esta última puede ser una manifestación directa
de la falta de ingresos, un aspecto que ya está capturado por la medición de la
pobreza por ingresos. También se introduce un indicador de dependencia
funcional, que clasifica como carente a cualquier hogar con al menos un integrante
en situación de dependencia moderada o severa. Aunque refleja una
vulnerabilidad real, cabe preguntarse si no debiera enfocarse en la ausencia de
apoyos o servicios, siguiendo la lógica de medir carencias abordables desde la
política pública.
En la dimensión de trabajo y seguridad social, se amplía el indicador de
carencias en ocupación para incluir no solo a los desempleados, sino también a
quienes están subempleados en términos de horas, es decir, quienes trabajan
menos horas de lo que estarían dispuestos. Una mejora adicional podría ser
considerar también el subempleo por calificación, aludiendo a quienes ocupan
puestos por debajo de su nivel de formación. Otro nuevo indicador se refiere a
cuidados no remunerados: identifica como carentes a hogares donde al menos un
integrante mayor de 15 años no trabaja, no estudia ni busca empleo por estar
cuidando a otra persona. Este indicador es conceptualmente complejo, ya que las
causas detrás de esa situación pueden ser estructurales o elecciones personales.
Sería clave distinguir si se trata de una condición involuntaria antes de
considerarla una carencia.
En vivienda y entorno, se reemplazan los indicadores de habitabilidad y acceso a
servicios por uno de déficit habitacional, alineado con el enfoque de política
pública actual. Se incorpora además un indicador de asequibilidad, que considera
carentes a los hogares que destinan 30 % o más de su ingreso al pago de la
vivienda. Aunque parece un avance, surgen dudas sobre hasta qué punto esta
situación ya está reflejada en la pobreza por ingresos. Tampoco se hace distinción
entre arrendatarios y propietarios con dividendos, donde para estos últimos el
gasto podría representar una inversión. Asimismo, no se ajusta por nivel de
ingreso, lo que podría llevar a clasificar como carentes a hogares que no
experimentan una verdadera pérdida de bienestar.
Finalmente, en la dimensión de redes y cohesión social, la Comisión propone
aumentar su ponderación, aunque no se explicita si se resolvieron las limitaciones
técnicas que justificaron su menor peso en el índice actual. En relación con su
composición, se recomienda bajar el umbral del indicador de seguridad en el
entorno, lo que genera un aumento considerable de hogares clasificados como
carentes en esta dimensión. También se suma un nuevo indicador de conectividad
digital, relevante en un contexto donde el acceso a internet se ha vuelto esencial
para el ejercicio de derechos y oportunidades.
Las propuestas para el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) representan un
avance importante, pero varios cambios generan dudas razonables. El desafío
ahora es avanzar sin perder calidad: fortalecer el instrumento sin diluir su función
principal, que es visibilizar carencias efectivamente abordables mediante políticas
públicas, respetando al mismo tiempo las decisiones personales y
complementando la medición de pobreza por ingresos. En algunos casos, puede
que la encuesta CASEN actual no cuente con toda la información necesaria, por lo
que en dichos casos sería prudente esperar para contar con una versión más
completa.
¿Y ahora qué?
Si la tasa de pobreza en Chile no es 6,5% sino 22,3%, el desafío que enfrentamos
cambia radicalmente. Más aún, con unos simples nuevos cálculos, la tasa de
pobreza extrema supera a la de la pobreza total actual. Este nuevo diagnóstico
—fruto de una mejor medición, no de un empeoramiento de la realidad— obliga a
replantear prioridades, políticas y capacidades del Estado. El impacto de este
ajuste no es solo técnico, es profundamente político: el país debe decidir cómo
responder frente a una cifra que más que triplica la anterior y que visibiliza
nuevamente a un grupo que estaba oculto en las estadísticas.
La pobreza no solo se expande, también hace más visibles ciertas realidades. Se
acentúan brechas territoriales —como en el sur, con La Araucanía y Ñuble
registrando alta pobreza por ingresos, y en el norte, con Tarapacá y Atacama
destacando por su pobreza multidimensional—, así como carencias en
dimensiones específicas, como la vivienda, y en grupos particularmente
vulnerables, como los niños.
También emerge con claridad un amplio segmento de la población que, sin estar
bajo la línea de la pobreza, permanece peligrosamente cerca: una “zona buffer”
expuesta a shocks externos —crisis económicas, enfermedades, desastres
naturales— que pueden traducirse rápidamente en pobreza efectiva.
Por eso, medir bien importa. No es un lujo técnico, sino una responsabilidad
política. Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, no mejora.
Detrás de cada cifra hay personas, familias y comunidades que no pueden
esperar. La pregunta ya no es solo cuánto cambia la tasa de pobreza, sino qué
estamos dispuestos a hacer con esa información.
Una parte clave de la respuesta debe considerar el crecimiento económico. La
experiencia chilena así lo demuestra: durante las décadas en que la economía
creció con fuerza, la pobreza se redujo de manera sostenida y se acortaron las
brechas en la distribución del ingreso. Entre 1990 y 2017, el 91,9% de la
disminución en la tasa de pobreza provino del crecimiento económico (PNUD y
MDSF 2021). Esa trayectoria sugiere que el progreso económico ha sido,
históricamente, el principal motor de superación de la pobreza. Las políticas
públicas han sido clave para acompañar este proceso, especialmente a través de
transferencias y programas sociales, pero su impacto es complementario.
Lamentablemente, hoy enfrentamos un escenario menos auspicioso. El
crecimiento actual apenas bordea un par de puntos porcentuales y las
proyecciones son igual de mediocres. En otras palabras, se ha debilitado el motor
principal que permitió reducir la pobreza en el pasado. Esto hace aún más urgente
retomar una agenda de crecimiento sostenido, que no solo apueste por mayor
productividad e inversión, sino también por mayor inclusión.
Y junto con eso, es momento de revisar la arquitectura de nuestras políticas
sociales. Con décadas de políticas universalistas, es hora de volver a priorizar a
quienes más lo necesitan. Aunque a nivel general se observa que el gasto social
se concentra en los quintiles socioeconómicos más bajos, la proporción destinada
a los más vulnerables ha disminuido gradualmente, mientras que las
transferencias y la educación superior han incrementado el peso de los sectores
medios en la distribución (Larrañaga 2025). La misma preocupación surge cuando
se trata de impulsar un gasto social más productivo, sobre todo, en áreas críticas
como salud y educación. No se trata de incrementar recursos, sino reasignarlos
estratégicamente. Un eje clave es redirigir parte del gasto social hacia
transferencias monetarias efectivas, especialmente reemplazando programas
ineficientes ya identificados por los sistemas de evaluación.
Una medición más precisa de la pobreza debe traducirse en una acción más
focalizada y efectiva. El Estado no puede estar en todo, pero sí puede —y debe—
estar donde más se le necesita.
