Por Jaime Abedrapo
Director del Centro de Derecho Público y Sociedad
Universidad San Sebastián.
Desplazar a palestinos para crear un centro turístico y tecnológico es el nuevo
estándar ético. Las leyes están demás, y los conflictos se “solucionan” a través del
uso de la fuerza militar. Las cancillerías en Occidente confundidas en tiempos
posmodernos solo alzan la voz en favor de un cese al fuego, pero no muy alto, tal
vez podría ser perjudicial a sus intereses en este mundo desprovisto de alma y
con corporaciones multinacionales que se benefician de la guerra.
No ha sido suficiente para “hombres de estado” que los dos órganos
jurisdiccionales más relevantes del sistema internacional, el Tribunal Internacional
de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI), abrieran investigaciones por
crímenes cometidos en Palestina. Recordemos que la guerra ilegal de Rusia sobre
Ucrania ha recibido múltiples sanciones en lo financiero, comercial, embargo de
bienes, apoyo a una investigación de la CPI, mientras que Ucrania ha contado con
apoyo militar de la OTAN. Por otro lado, Israel mantiene el respaldo económico,
abastecimiento de sistemas de armas y garantías de impunidad.
En efecto, para comprender la situación en Gaza debemos situarnos en el
contexto de impunidad que se ha tejido en torno a las razones de estado que han
empujado a Tel Aviv a avanzar en su proyecto nacional que borra cualquier
espacio territorial para la creación de un Estado palestino.
Los aliados de Israel han señalado que no reconocen las acciones llevadas
adelantes por el Tribunal Internacional de Justicia en el marco del Convenio para
la Prevención del Delito de Genocidio (1948) solicitado por Sudáfrica. El órgano
dictaminó medidas cautelares y cese al fuego, el que hasta hoy no se respeta. Por
otro lado, los jueces de la CPI han sido sancionados por el Congreso de Estados
Unidos por abrir una investigación y ordenar la detención de Benjamín Netanyahu
y su ex ministro de Defensa por Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de
Guerra.
Al respecto, recientemente la asociación internacional de académicos del
genocidio hizo pública una resolución en que sostiene que en Gaza se está
cometiendo un genocidio debido a los ataques indiscriminados y deliberados que
han significado el asesinato de más de 59.000 personas, mientras que unas
143.000 han resultado heridas. El documento reconoce torturas, detenciones
arbitrarias, violencia sexual, ataques a los profesionales de la salud y todos
quienes presten apoyo humanitario a la población, entre otras acciones tendientes
a la eliminación de la población.
El devenir de Gaza se discutirá prontamente en Naciones Unidas y debieran
presentarse acciones concretas que, por un lado, exijan el fin del genocidio, y por
otro, establezcan las bases del fin de la ocupación en Palestina. Por cierto, la
Asamblea no cuenta con las atribuciones para ello, pero al menos tendremos la
esperanza que algo de dignidad queda entre nosotros.
