Ignacio Aravena, investigador y consultor en política y economía urbana, de la
Fundación Piensa, asociado a la London School of Economics (LSE), entregó a la
publicidad un interesante estudio sobre el presupuesto del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

De acuerdo al estudio, el presupuesto del Minvu crecerá en un 13% el próximo
año. Sin embargo, sostiene el investigador, el aumento no se traducirá en nuevos
subsidios, sino que deberá destinar al pago de deudas y compromisos pendientes.
Se destinará principalmente al Plan de Emergencia Habitacional y a sanear
pasivos financieros. Lo anterior implica, según el investigador, un freno a la política
habitacional generando de esta manera, dificultades al próximo gobierno que
deberá enfrentar las demandas, sin contar con caja para satisfacerlas, incluso en
parte.

El estudio establece que a pesar del aumento del 13,1% los subsidios
habitacionales disminuirán en torno al 15%. Esto significa que disminuirán de 196
mil a 166 mil unidades con una disminución 30 mil subsidios. Lo anterior se
traduce en la eliminación de los programas dirigidos a familias bajo el 40% del
Registro Social de Hogares, y el de integración social. La razón estaría en que
según datos de la Dirección de Presupuestos, los fondos se destinarían a pagar
deudas con constructoras y municipalidades.

Según el informe, el presupuesto 2026 establece una desigualdad en la
distribución de los recursos, pues la Región Metropolitana se lleva un incremento
de 44,3% del presupuesto y las regiones solo el 5,3%. El gobierno, según el
informe, está priorizando el saneamiento fiscal y la culminación de obras en la RM,
dejando de lado el desarrollo habitacional en otras regiones del país.
El próximo gobierno se verá enfrentado a un grave problema que paralizará la
política habitacional, que no podrá otorgar nuevos subsidios, lo que afectaría a las
familias que los están esperando y que generaría una crítica a su política
habitacional.

 

Finalmente se puede señalar, que de acuerdo al informe, el gasto en subsidios ha
crecido 50% durante la actual administración, mientras que el presupuesto solo ha
crecido en un 20%, hecho que refleja una falta de disciplina fiscal que afecta a las
familias que esperan por una vivienda como a las constructoras que pierden la
confianza en las políticas sociales del gobierno.