Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y reconocido columnista y
escritor, escribió en el diario El Mercurio de Valparaíso una interesante columna
de opinión en la cual aborda el caso ProCultura que podría comprometer a altos
funcionarios públicos.
Ha trascendido una conversación entre la ex Psiquiatra Josefina Huneeus, hija de
dos destacados militantes de la Democracia Cristiana (Pablo Huneeus y Marta
Lagos) con el actual mandatario, según la cual podría suponerse que dineros
provenientes de los diversos convenios suscritos por la Fundación ProCultura se
habrían derivado en “financiamiento irregular de campañas políticas.
En su columna de opinión, el rector Carlos Peña señala: “es difícil imaginar un
escándalo mayor que el que se insinúa en el caso Procultura. Y se ha reparado
poco en el hecho de que, en este caso, se toleró la apariencia (es de esperar que
haya sido solo eso) de una rara promiscuidad entre una relación terapéutica y el
quehacer gubernamental. Basta revisar sus aspectos fundamentales para
advertirlo”. “un psiquiatra, de cuya cónyuge el Presidente fue paciente, dirige una
fundación de apariencia altruista. Cuando el Presidente se transforma en tal, y
apenas de un año para otro, la fundación del caso multiplica por 10 los fondos que
el Estado, desde diversas agencias, le transfiere. Y ahora, al concluir el Gobierno,
se advierte que la fundación no ha rendido cuentas, menos restituido los fondos y
que hay indicios serios y verosímiles de que se la empleó para financiar campañas
políticas afines, claro está, al Gobierno”. “Las escuchas telefónicas que se han
dado a conocer muestran un mundo más bien promiscuo, en el que se entrelazan
compromisos políticos, rupturas amorosas, sorpresivas alianzas sentimentales,
intercambios de favores económicos y un manejo de los fondos que les fueron
confiados más bien propio de pícaros o de tunantes”. “Las escuchas telefónicas
que se han dado a conocer muestran un mundo más bien promiscuo, en el que se
entrelazan compromisos políticos, rupturas amorosas, sorpresivas alianzas
sentimentales, intercambios de favores económicos y un manejo de los fondos
que les fueron confiados más bien propio de pícaros o de tunantes”.
Juego escribe el rector Peña, “eso, que ya sería suficiente, no es todo”, puesto
que “de entre los ingredientes del caso no es menor el hecho de que algunos de
los partícipes sean psiquiatras, cuya relación con los pacientes, uno de los cuales
es en este caso el Presidente (a pesar de que la especialidad de los involucrados
es la psiquiatría infanto-juvenil), es lo más parecido a la relación de un creyente
con su confesor, o confesora, quien cuenta con un lazo invisible en uno de cuyos
extremos está su mano y en la otra, atado, el paciente que sabe, aun
inconscientemente, que a cambio de una cura ha enajenado parte de su
subjetividad”. “No es, pues, baladí que en todo esto se mezcle la transferencia
propia de la relación psiquiátrica con la manipulación política. O, en otras palabras,
no es raro que el psiquiatra Larraín haya ejercido, directamente o en forma vicaria
(empleando la figura de su cónyuge), una dominación sobre su paciente, incluso
sin que este lo advirtiera, pudiendo confundirla, a juzgar por las fotos, con la
amistad o con la afinidad política, como lo prueba el hecho de que incluso pensó
nombrar a Larraín como ministro de Desarrollo Social, perspectiva frente a la cual
el psiquiatra debió frotarse las manos, al imaginar cómo se podría ampliar
entonces su esmerado quehacer filantrópico”. Agrega el rector, “el problema –
decir problema es minimizarlo; es mejor llamarlo escándalo – no termina ahí,
porque a partir de la relación de dependencia, siquiera vicaria, de la que, al
parecer, se sirvió el psiquiatra Larraín, se estableció un juego de toma y daca, un
intercambio, puesto que la fundación habría contribuido al financiamiento ilegal de
la política”. “De ser así, y para desgracia del Gobierno y del Presidente, la
fundación Procultura habría contribuido a configurar un prodigio: no a empatar los
otros casos de financiamiento ilegal de la política, sino a superarlos. Después de
todo, esta sería la primera vez que un emprendimiento habría empleado el disfraz
de la filantropía para eludir la ley. Después de todo eso o, si se prefiere, después
del caso Convenios, lo mejor es que el Gobierno guarde silencio o, si las posee,
entregue explicaciones (¿o no tiene relevancia que una relación terapéutica se
confunda con decisiones gubernamentales o que a pretexto de ella se acceda al
Gobierno?)”.
Finalmente Carlos Peña señala: “lo que por ningún motivo deben hacer, ni los
ministros ni el Presidente, es servirse de estos casos para hacer aspavientos de
corrección”.
