Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales, calificó como un
“severo error del Presidente” las palabras que utilizó Boric para “explicar los
fundamentos de la decisión de indultar al ex FP Manuel Rodríguez Jorge
Mateluna”. Boric aseguró que el indultado era inocente y que en su juicio “hubo
irregularidades”.
El Rector Peña señala que “esgrimió en favor de su decisión la opinión de juristas
que, al analizar el con seriedad el caso –esa fue la expresión que usó-, habrían
concluido que habría en él irregularidades”. “Como la situación de Mateluna era el
resultado de un largo proceso judicial (que incluyó un recurso de revisión, una
medida del todo excepcional) las palabras del Presidente equivalían a decir que la
Corte Suprema no habría obrado con seriedad o habría consentido irregularidades
o no las habría advertido. Y que el indulto suyo habría venido entonces a
enmendar o corregir esa irregularidad”.
Peña señala que “esas palabras sugieren que el Presidente Gabriel Boric no
comprende las características del sistema legal que está llamado a custodiar”. Por
definición, son los jueces quienes tienen la última palabra a la hora de decir qué es
jurídicamente correcto y qué no. Ese es el principio básico del Estado de
Derecho”.
Peña señala además que el carácter institucional de lo que llamamos derecho,
depende, en buena medida, de la existencia de órganos encargados de decidir de
manera independiente y definitiva cuándo un caso cae bajo una regla y cuándo se
aparta de ella. Una sociedad podría contar con poder legislativo y ejecutivo; pero
si no cuenta con jueces independientes es muy difícil pretender que siquiera se
asemeje a lo que llamamos derecho”. “El principio de que los jueces tienen la
última palabra al decir qué es jurídicamente correcto y qué no- es el que el
Presidente pareció desconocer al explicar el indulto que decidió”.
El Rector cree que “es probable que el Presidente haya dicho eso (que motivó un
reproche del pleno de la Corte Suprema) sin advertir que al decirlo estaba
contrariando lo que, por mandato constitucional, debía tutelar; pero si así fuera, el
Presidente hubiera dicho lo que dijo sin conciencia de lo que decía, sin darse
cuenta de ello, por mero descuido, o dejándose llevar por el afán de hacer frases,
el asunto sería aún peor”.Finalmente Carlos Peña sostiene que “el Presidente no es un observador o crítico
de las decisiones judiciales, o un comentarista de ellas, o un corrector de lo que le
parezcan errores, sino un custodio de la facultad autónoma que poseen los jueces
a la hora de adoptarlas”. “El error del Presidente no radicó pues en la decisión de
indultar (la facultad que tenía para hacerlo es indudable) sino en las razones que
esgrimió para hacerlo”.
