Por Eduardo Schindler
Economista, Asesor fianciero
(desde Zürich, Suiza)
La reforma tributaria es una iniciativa importante del presidente Kast. Entre sus elementos distintivos está la rebaja de impuestos a las empresas y condiciones favorables para repatriar los US$ 30 MM que han salido desde el estallido social del 2019. El objetivo es incentivar la inversión, y con ello inducir un mayor crecimiento del PIB, crear empleo y mejorar la competitividad de las empresas – lo que eventualmente se traduce en una mayor recaudación de impuestos. Una receta antigua, y que funciona en la medida que la reforma reciba los años necesarios para entregar sus frutos.
Una mayor inversión es siempre bienvenida. Con todo, esta reforma es un regalo innecesario hacia empresarios que estarán felices de recibirlo. Y la razón es simple: lo que Chile más necesita para ser de nuevo atractivo no es generosidad, sino que credibilidad. Por ello, es evidente que en los próximos años la inversión va a aumentar sustancialmente, y lo hará de todas maneras aún sin reforma tributaria. Esta mayor inversión es la reacción natural, y por interés propio del empresariado, a la mayor fiabilidad que tiene ahora el Estado al estar en manos del Sr. Kast respecto a la que tenía mientras estaba en aquellas de gente percibida como menos competente, menos honesta y con un sesgo ideológico contra la iniciativa privada.
Facilitar el retorno de capitales es una ilusión costosa – con atentos saludos de Italia y otros países que repiten perdonazos sin mejorar las cosas de verdad. Para empezar, el capital que vuelve está preparado para partir tan pronto como sea conveniente. Además, no hay garantía que la misma gente que trae capitales no haga salir otros en paralelo. En los casos más pérfidos, vuelven fondos no declarados que salieron hace poco del país – y se facilita así un lavado de dinero de manera oficial. Una invitación muy tentadora. ¿Y nadie lo pensó? Sr. Kast: no cometa el error de sus predecesores, y deje de tratarnos como niños chicos. Este perdonazo es una pésima señal, y es mejor que lo elimine de la reforma.
Una revisión que lleve a una estructura impositiva moderna debe incluir dos elementos. El primero es rebajar el IVA al 10%, y ajustar los impuestos directos al ingreso. Paso a paso. Se corrige así el elemento más regresivo del sistema actual – un resabio de tiempos cuando la gente/empresas en Chile eran tan pobres que no proveían una base de recaudación rápida (i.e., mensual) suficiente como para hacer frente al gasto público corriente. Por suerte, y gracias a cambios estructurales hechos bien antes del 1990, ese ya no es más el Chile de hoy. Ahora hay miles de empresas bien capitalizadas y que generan grandes utilidades, decenas de miles de familias con un gran patrimonio que reciben dividendos y ganancias de capital, y centenas de miles de personas con una remuneración alta y estable. Los ingresos colectivos de estas empresas y personas proveen una base impositiva anual capaz de cubrir una buena parte de los gastos públicos como nunca antes en la historia de la nación.
El segundo es que el 50% de la recaudación tributaria sea originada con impuestos propios a cada una de las regiones – en vez del mísero 7% actual. Se corrige así el lastre centralista legado por valores culturales de la época colonial. Es sólo una mayor autonomía financiera que permite una autogestión política genuina en cada región – situación que constituye la reserva latente e inexplotada más grande de crecimiento del PIB que existe en el país.
Para terminar. Nadie le quiere pasar más queso al ratón para que lo cuide. Pero todos aceptan pagar más a condición de recibir un servicio mejor que el actual. Por ello, cuando el Estado chileno (i) se concentre en las pocas funciones primordiales de servicio público (educación, salud, transporte, orden&seguridad, infraestructura), y (ii) logre funcionar en forma descentralizada, eficaz y honesta, el país se podrá permitir fácilmente un aumento paulatino de hasta un 50% de la carga tributaria presente de un modesto 20% del PIB.
Como nota informativa. En Suiza todo cambio a la estructura y/o cambio a las tasas de impuestos requiere un referendo para que su entrada en vigor sea validada (o rechazada) por la ciudadanía. En materia de impuestos, las autoridades proponen y la gente dispone. El resultado es un IVA del 8,2%, y el 65% de toda la recaudación tributaria se origina y gasta en las regiones. El Estado central controla sólo el 35% restante. La carga tributaria total es del 28% del PIB. Para más información, ver: www.swiss-democracy.ch
