Por Jorge Varela
La compleja y delicada situación profesional y personal en que se halla inmerso el
general director de Carabineros de Chile, -institución policial preventiva encargada
de la mantención de la seguridad, control y restauración del orden público y
resguardo de la tranquilidad pública-, quien está siendo formalizado por el
Ministerio Público (Fiscalía) por su presunta responsabilidad de mando en actos
ilegítimos de apremio con resultado de lesiones graves y homicidio ocurridos
durante el denominado ‘estallido social’ (revuelta popular) de octubre de 2019, ha
generado un debate álgido entre dirigentes políticos de distinto signo, juristas,
comentaristas y ex-miembros de dicha institución básica de la nación; polémica
cuyo final -por ahora-, no se divisa cercano.
Para el gobierno de Gabriel Boric que navega en medio de una grave crisis de
seguridad, el manejo de este asunto no será fácil, pues según vayan avanzando
las etapas de investigación, formalización, eventual acusación y siguientes, deberá
evaluar y adoptar resoluciones que podrían definir el destino del general Ricardo
Yáñez como jefe máximo de la policía uniformada y decretar su remoción, salvo
que éste renunciare antes del 14 de noviembre, -fecha de término de su mandato-,
o antes del 7 de mayo, día en que debiera realizarse la primera audiencia de
formalización en su contra.
Seguridad interior y paz social
Atrás quedó la refundación de Carabineros que demandaban los agitadores de la
revuelta de octubre de 2019, con una violencia propia de energúmenos. Hoy el
tema convocante es otro: cómo enfrentar la inseguridad en las calles y plazas, la
violencia desatada en las poblaciones, el narcotráfico y la ola delincuencial
circundante.
Después del hastío constituyente las preocupaciones de la gente están puestas en
demandas básicas esenciales para una existencia digna: seguridad, trabajo,
pensiones, salud, educación, corrupción Son objetivos que demandan dedicación
preferente por parte de la autoridad civil, política, administrativa, legislativa,
jurisdiccional (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y exigen trabajo policial
inteligente, prospectivo y operativo.
Si la ciudadanía rechaza la violencia es porque aspira a un orden mínimo y
esencial que le dé tranquilidad para trabajar sin miedo a perder la vida y sin
riesgos para su integridad física y psíquica.
Sin control eficiente y eficaz del orden público dentro de las fronteras, se torna
difícil la seguridad interior y la mantención de la paz social necesaria para
emprender y consolidar las finalidades y tareas básicas de un Estado moderno
que persiga el bien común.
¿Qué se juega en este caso?
No se está ante un caso controversial único en la historia casi centenaria de
servicio y sacrificio de Carabineros. En el pasado ha habido actos de
irresponsabilidad superior individual que afortunadamente no han mellado su
tremenda labor, entrega y aporte al país; y es posible que haya otros en su
devenir. Lo importante es que en su desarrollo existencial la institución salga
fortalecida de actos (u omisiones) individuales sujetos a sanción, imputables a
seres humanos que no proceden de otro universo ni son dioses extraterrestres.
En nuestra modesta opinión, planificar y reducir el cumplimiento idóneo de la
misión fundamental de Carabineros atándolo al dictamen y ejecución de
decisiones judiciales adversas -relativas a querellas por delitos de lesa humanidad
ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020, durante el
estallido social (revuelta popular)-, que pudieren afectar a su jefe máximo es un
error de magnitud. Nadie es más grande que aquella entidad de la que se es
funcionario, como integrante disciplinado de un escuadrón o como oficial superior.
Con mayor razón, si se trata de alguien que detenta un cargo de alto mando que le
obliga al acatamiento de deberes elementales e ineludibles.
Para encabezar una policía noble y leal hay que tener inteligencia, prudencia,
coraje, honestidad y dignidad. En este sentido atarse al tronco del árbol que se
ama y se ha visto crecer hacia lo alto con tanto apego y orgullo, puede ser fatal
para el desarrollo de ambos; de ahí que deba distinguirse entre legítimo derecho a
defensa personal y prestigio institucional.
Hay que evitar el nacimiento de una cultura corporativa que incentive la
generación de criterios erráticos acerca de lo que es correcto e incorrecto.
