El país vive una crisis profunda del sector inmobiliario como nunca antes se había visto. Los datos amargos de esta actividad señalan que casi 700 empresas constructoras e inmobiliarias – en los últimos cinco años – han caído en quiebra o han iniciado un proceso de reorganización judicial. Solo este último año 72 empresas del rubro, están a punto de caer en quiebra o han solicitado la ya citada reorganización judicial.
El delicado escenario financiero se inició durante el estallido delincuencial del 18/O seguido de la pandemia, situación que se agudizó cuando las restricciones sanitarias disminuyeron el ritmo de trabajo; el aumento de costos más allá de lo previsto; escasez de materia prima; un rebrote de la inflación; las trabas crediticias para acceder a financiamiento; el aumento de la tasa de interés de los créditos hipotecarios, debido a que los retiros de fondos de pensiones aprobados por el Congreso disminuyó el tamaño del mercado de capitales y otras razones son las culpables de la extrema debilidad actual de las empresas inmobiliarias.
Actualmente, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción CCHC hay más de 50.000 viviendas sin vender y se sigue ampliando día a día el universo de los contratos de promesas de compraventa que han debido darse por terminadas por la imposibilidad de los promitentes compradores de acceder a un crédito hipotecario.
La crisis inmobiliaria preocupa al gobierno, pues la construcción utiliza un alto nivel de mano de obra. El ministro de Vivienda, Carlos Montes militante del Partido socialista, abordó la crisis inmobiliaria señalando su crítica al rol de los bancos en cuanto al otorgamiento de créditos a quienes buscan comprar una vivienda. También criticó al Banco Estado señalando que “ha ido levantando algunas iniciativas, pero no al nivel que requiere la realidad”… “nosotros quisiéramos mucha más pro actividad, en varias cosas, entre otros, en el ahorro. Quisiéramos que realmente el ahorro recupere un rol mayor en el financiamiento de la vivienda”
