El secuestro del ex teniente venezolano Ronald Ojeda – opositor a la dictadura de Nicolás Maduro – y el hecho de que pasado los días aún el gobierno no pueda dar una explicación razonable sobre este gravísimo episodio ha causado revuelo político, nacional e internacional.
Con el paso de los días, los analistas han descartado que el secuestro hubiese sido cometido por razones personales o delictuales. Y ha ido ganando espacio la tesis de que fue realizado por razones políticas.
Ronald Ojeda tenía el estatus de exiliado político reconocido por el gobierno de Boric, y lo que a él le ha sucedido demuestra el fracaso de la protección que debió haber tenido de parte de dicho gobierno.
El personaje secuestrado es un reconocido opositor de la dictadura de Nicolás Maduro, razón por la cual, personeros de la disidencia venezolana y diversas fuentes estiman que el secuestro pudiese haber sido efectuado por agentes de la siniestra Dirección General de Contra Inteligencia Militar, DGCIM, una agencia opresora del gobierno. Permanece en el recuerdo de los disidentes venezolanos, que la DGCIM secuestro a un ex militar venezolano exiliado, desde Colombia, en un acto de clara violación de la soberanía colombiana.
Esta agencia con sede en la ciudad de Petare, estado de Miranda es utilizada por la dictadura comunista de Maduro para perseguir, encarcelar y ejecutar a los enemigos políticos del régimen. Ha sido señalada como un órgano de tortura, persecución y represión del gobierno de Maduro hacia la disidencia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es dirigida por Iván Hernández Dala.
Un informe de la Misión de Crímenes de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas ONU, referido a Venezuela, detalló la existencia de 17 casas de detención clandestinas utilizadas por la DGCIM como centros de tortura de disidentes del régimen chavista. Según el documento de la ONU, en esas casas clandestinas se cometen acciones contra personas disidentes incluyendo graves delitos y violaciones a los derechos humanos como torturas y violencia sexual.
El Gobierno de Boric, ha tenido frente al secuestro, una política comunicacional que permita a La Moneda abordarlo profesionalmente y buscar, por otro lado, una salida comunicacional que no coloque al gobierno en un zapato chino, dado que uno de sus aliados es el Partido Comunista que defiende a la dictadura venezolana.
Sin embargo, los coletazos políticos del secuestro son impredecibles, pues se ha demostrado la incapacidad del gobierno de proteger a los exiliados políticos; la debilidad del sistema de inteligencia de nuestro país y el hecho que de probarse la incursión de agentes de la DGCIM en el país, se habría violado la soberanía nacional, un hecho inaceptable en democracia.
