La Sala del senado, por 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, aprobó
un proyecto de acuerdo de la oposición que busca declarar inconstitucional la
“Comisión Asesora contra la Desinformación” impulsada por la ministra Vallejos
del Partido Comunista.
Dice la resolución aprobada: hacer presente a S.E. el Presidente de la República,
la opinión de esta Corporación en el sentido de que, sin perjuicio de otros vicios de
constitucionalidad, el Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio de 2023,
que Crea Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, denominada ‘Comisión Asesora Contra la
Desinformación’, es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser
discutida en el Congreso Nacional.
En seguida el proyecto de acuerdo señala: “autoriza a esta Corporación a
comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente
requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos
los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de
constitucionalidad que correspondan.
El argumento de los senadores que patrocinaron el texto aprobado, radica en que
la Constitución Política del Estado consagra la libertad de emitir opinión y la de
informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin
perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de
estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.
También recuerdan que dicho derecho fundamental “está consagrado en los
tratados internacionales suscritos por Chile, y que la Constitución “reserva a la ley
la posibilidad de regular o complementar las garantías que ésta establece, o de
limitarlas en los casos en que ella lo autoriza, sin afectar los derechos en su
esencia.Finalmente señala que:la reserva legal establecida en la Constitución respecto
de los derechos fundamentales y, en particular, de la libertad de emitir opinión y la
de informar, es una garantía esencial del estado democrático de derecho, por la
cual se garantiza que el debate y la regulación sobre el más sensible de los
derechos políticos sea realizada en el foro democrático por excelencia que es el
Congreso Nacional.
