En el Diario Oficial se publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora
contra la Desinformación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta
Comisión ha sido impulsada por la Vocera del Gobierno, la militante comunista
Camila Vallejos. La comisión tendrá como objetivo – según la publicación –
asesorar a la Secretaría General de Gobierno en los temas sobre desinformación
y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas
digitales y buenas prácticas digitales. Hará también recomendaciones sobre
políticas públicas.
Según el decreto, la Comisión estará integrada por dos representantes de
universidades estatales, dos de universidades privadas y uno de una institución
fuera de la Región Metropolitana, tres miembros de una ONG relacionada con el
tema y un representante de una organización de chequeo de datos.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspon,
señaló “que más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber
preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis
de información, expresión, medios o periodismo”. Greenspon, uno de los
directores del The New York Times, señaló que las comisiones, los observatorios
u otras formas gubernamentales de vigilancia “siempre suelen mirar la realidad
desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos
negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, dijo
que la SIP, como organización, favorece que los Gobiernos promuevan la
alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas
públicas para combatir la desinformación. Sin embargo, agregó “es muy distinto
cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su
óptica, lo más conveniente”.
Ambos dirigentes de la SIP, recordaron que tanto la Declaración de Chapultepec
como la Declaración de Salta “no dejan resquicios para que los Estados impongan
requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o
desinformación. Ambos documentos, buscan defender las libertades de prensa y
expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que
los Gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar
mecanismos de censura”.
Agregaron que para combatir la desinformación, el Gobierno de Chile debería
incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las
organizaciones de la sociedad civil, “pero no involucrarse en forma directa en las
soluciones”.
