El gobierno de Gabriel Boric, derrotado en las urnas en diciembre pasado al no
poder elegir a la comunista Jeannette Jara como presidenta del nuestro país,
intenta ahora, mantener una cuota de poder en el aparato público.
Para lograrlo, en el proyecto de Ley de Reajuste de sueldos del sector público, el
gobierno de Boric y varias organizaciones sindicales del sector público, firmaron
un “Protocolo de Acuerdo” en el cual se plantea que la no renovación de
trabajadores públicos “a contrata” con más de 2 años de antigüedad deberá
hacerse únicamente mediante acto administrativo fundado. En caso contrario, se
podrá reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República.
Ese proyecto, o “Ley de amarre” aumenta las exigencias para la desvinculación de
los funcionarios “a contrata”, cuyas labores según la Contraloría General de la
República, son de naturaleza transitoria. La cesación de funciones que se busca
incorporar como justificación es imposible de cumplir porque en el instrumento de
medición de desempeño individual el 95% de los funcionarios se encuentra en
Lista 1 de “Distinción”.
La aprobación del “Protocolo de Acuerdo” en la Ley de Reajuste del sector público
implica en la práctica el “amarre” de 258.684 funcionarios “a contrata” del
Gobierno Central, que cumplirían 2 años de antigüedad en marzo del año 2026.
La remuneración bruta, que percibe el 59% de los funcionarios supera el millón y
medio mensuales.
De aprobarse el proyecto por parte del Congreso, se consolida la falta de
distinción entre funcionarios “a contrata” de carrera de aquellos que desempeñan
funciones solo por su cercanía con el Gobierno. Los llamados “operadores
políticos”. Aperna a treinta mil funcionarios a contrata que ingresaron a la
administración pública, durante el actual gobierno.
