Por Renato Ahumada C.
Director El Cordillerano
Los casos “falsos exonerados”; el caso de su parcela de agrado por la cual no
pagaba contribuciones y la fallida compra de la casa de calle Guardia Vieja,
marcaron su vida política.
La ahora ex senadora, en un extenso discurso de despedida ante el Senado,
señaló que no actuó con dolo en la fallida compraventa que le valió su destitución,
por decisión del Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que tanto Isabel Allende como su nieta Maya Fernández sobrina
de la senadora y nieta del ex presidente, concurrieron como sus herederas a la
firma el contrato de compraventa de la propiedad que perteneció a su padre
Salvador Allende. Este contrato se celebró por escritura pública. El precio de venta
de la casa antigua del ex presidente, establecido en la escritura, llegaba casi a los
mil millones de pesos.
Además, la idea de la familia Allende era que después de adquirida la casa por el
Estado, este la entregara a la familia que administraría el Museo, recibiendo por
dicha gestión los fondos que permitirían su funcionamiento y administración.
Fondos que serían de cargo al erario público, es decir pagado por todos los
chilenos.
En su largo discurso – despedida, Isabel Allende no se hizo cargo del tema de la
inconstitucionalidad de la compraventa. Señaló dolida que actuó de buena fe y
“que no siendo abogada” … “actué confiando en la institucionalidad” …”No rehúyo
mi responsabilidad (…) mi error fue no haber consultado más”.
Resulta incomprensible que Isabel Allende que estuvo 30 años de parlamentaria
no conociera la norma expresa del artículo 60 de la Constitución Política, que
establece la incompatibilidad de ministros y parlamentarios para hacer negocios
con el Estado.
Varias veces – a lo largo de su discurso – señaló que actuó “sin dolo”, y que el
episodio fue… “uno de los momentos más difíciles de mi vida”.
No es la primera vez que la ex senadora Allende se ve involucrada en temas
legales. Hay que recordar que CIPER, una web de investigación, en un informe
especial denunció hace 4 años atrás que Isabel Allende era dueña de una parcela
de agrado ubicada en la comuna de Curacaví y que pagaba “cero” pesos en
contribuciones de bienes raíces – como terreno agrícola – a pesar de existir en ella
una construcción de gran tamaño y muy buena calidad. Esto fue denunciado
además por varios parlamentarios que solicitaron públicamente a la entonces
parlamentaria, que regularizara la situación legal del inmueble. En esa oportunidad
también la ex parlamentaria acuso desconocimiento de la situación.
Finalmente, se ha recordado en estos días que la exsenadora se vio envuelta en
el caso llamado “falsos exonerados”, donde declarar ante la ministra en visita que
investigó el caso para aclarar cómo entregó 598 certificados con su firma. Muchas
de las personas catalogadas como exonerados políticos – que reciben pensiones
del Estado – resultaron ser falsos.
