Por Jaime Abedrapo
Director Escuela de Gobierno
U. San Sebastián
En el actual marco de discusión constitucional hemos sido testigos de la crisis de
representatividad de las instituciones propias y necesarias de la democracia
representativa. Un buen ejemplo son los partidos políticos, los cuales han
preferido restarse de la discusión constitucional en vista a la elección del
próximo 4 de septiembre, porque saben que la opinión pública no tomará una
posición de apruebo o rechazo según lo advierta la “elite política”. Esta es una
de las pruebas más evidentes de las desconfianzas y la carencia de credibilidad
de las organizaciones llamadas a canalizar las demandas ciudadanas en un
régimen de corte democrático y liberal. Por lo tanto, podemos afirmar que
luego del proceso constituyente no hemos superado un aspecto esencial
que permita una normalidad del régimen en comento. Esta situación abre
varias interrogantes respecto al devenir del sistema político. Si ganara el rechazo,
que significaría mantener la estructura de la constitución del 2005, o si gana el
apruebo que contempla una innovación o arquitectura institucional casi única
en el sistema internacional en cuanto a la relación de los poderes del estado – lo
que para politólogos como Giovanni Sartori – es la esencia del pacto social.
Concentración del poder y sus objetivos
Nada hace prever que luego del 15 de noviembre de 2019, cuando se firmó el
documento Paz Social y Nueva Constitución, el país consiga superar las
fracturas sociales que quedaron de manifiesto en el denominado “estallido
social”.Sistema Político y Nueva Constitución
El sistema político resulta fundamental para evitar nuevas escenas de
ingobernabilidad en un contexto de mayor malestar social debido amúltiples factores, entre los que cabe destacar los cuadros inflacionarios
existentes y una violencia delincuencial que ha ido en un vertiginoso aumento.
Según la Fundación Paz Ciudadana, durante el 2021 se registraron 86.893
delitos, mientras que en el 2022 cerró el primer semestre con más de 122.000.
Es decir, se ha observado un incremento de un 40 por ciento con relación a
todos los registrados el año anterior. Esto se suma al conflicto cada vez más
violento en la Macrozona Sur de Chile, junto con la demostración de fuerza por
parte de bandas dedicadas al narcotráfico.
Todo hace suponer que el sistema político seguirá siendo exigido para
encontrar alguna propuesta por parte del Estado para mitigar la situación
descrita, en un contexto en que algunos actores del rechazo insisten en que el
problema de Chile no es su sistema político, por lo que promueven no hacer
cambios o reformas en él. Esa actitud es reflejo de quienes no asumen lo que
muchos han descrito como el “desacople de la elite política” de la
ciudadanía, como por ejemplo se ha observado en materia de pensiones, entre
otros asuntos, en los cuales, pese a amplios acuerdos a nivel técnico, el mundo
político no fue capaz por décadas de hacer cambios frente a un tema de interés
transversal del soberano (el pueblo). Ello se explicaría en los altos quorum que
exige la constitución y el poder de veto que ello significa para quienes defienden
el sistema a pesar de la gran mayoría que aspira a una reforma, además de la
lógica de quitar la “sal y el agua” al gobierno de turno por parte de la oposición,
y también producto de la inexistencia de dispositivos que promuevan el acuerdo
o colaboración entre el poder ejecutivo y legislativo.
Indicó que, por otro lado, las fuerzas del apruebo que buscan reformar el
sistema político, han propuesto – en el texto constitucional – crear uno en
el cual muy posiblemente los niveles de ingobernabilidad serán aún
mayores. Además han creado un incentivo para avanzar hacia un régimen de
restricción de libertades o a uno de carácter populista.En efecto, se le otorga a la Cámara de Diputados y Diputadas la posibilidad de
iniciativas de ley que contengan presupuesto, mientras que la concurrencia del
presidente queda supeditada a una capacidad de veto que puede ser
doblegada con una insistencia de parte de los diputados y diputadas. Este
es sólo un botón de muestra del poder sin contrapesos que se está radicando en
dicha cámara. Ello, mientras el Senado sería reemplazado por la Cámara de
las Regiones, quedando constreñido en sus competencias, ya que sólo las
tendría en temas muy específicos, perdiendo su capacidad de ser una cámara
revisora.Sistema Político y la Constitución
Entre los temas de debate en torno a los contenidos de la
propuesta constitucional, cabe mencionar la Forma de Gobierno, el sistema
judicial (en reemplazo del poder judicial), principios constitucionales como la
igualdad ante la ley, los derechos de los pueblos originarios, la descentralización,
los derechos medioambientales, entre otros asuntos, los cuales podemos mirar
desde una directriz que es transversal en todo el texto. Nos referimos al especial
énfasis en el documento respecto al reconocimiento de la diversidad de las
naciones que habitan en el territorio chileno, cuya principal expresión es la
plurinacionalidad, lo cual impregna al sistema político en su conjunto, ya que
crea cuotas para los pueblos originarios en todos los poderes y reparticiones del
estado y en los órganos que nacen producto del texto constitucional.
Esa situación nos permite afirmar que el principio de igualdad ante la ley es
sustituido por el concepto de igualdad sustancial, la que si bien es
interpretable, se ha entendido desde una perspectiva anclada a un nuevo
paradigma institucional, el cual busca reconocer la realización de la conciencia
de los individuos en grupos o cuerpos colectivos. Es decir, se propone la
“superación” del individualismo que tendría su concepción en la corrienteliberal que habría sido la herencia de la ilustración. La que a su vez recogió
aportes de la cultura Helénica.
El constitucionalismo latinoamericano ha presentado en las últimas décadas una
mirada que fortalece el desarrollo de los colectivos subnacionales, a los cuales
les confiere derecho de autodeterminación, autogobierno y capacidad de veto
según el principio de “consentimiento” para detener cualquier ley o acción
pública o privada que les parezca atentatoria a sus derechos. Desde esta
perspectiva podríamos afirmar que el cambio de época en Latinoamérica
y en algunas otras latitudes) tiene un componente de deconstrucción de la
concepción de la República como una vía de escape para contrarrestar
las fuerzas políticas y económicas que estarían desde fines del siglo XX
en la gobernanza mundial, en el marco de una extensión global promovida
por las ideas de la racionalidad cientificista que se originó en la modernidad
(Siglo XVII). Esta mirada de mundo ha estado en discusión en distintos
procesos constitucionales en América Latina, pero lo llamativo es el nivel de
influencia en el texto constitucional presentado por la constituyente en
nuestro país, ya que acá solo el 12 por ciento se autodenomina como
perteneciente a un pueblo originario, más allá de que más del 80 por ciento de
la población tenga en su ADN influencia de ellos. Posiblemente el resultado del
constituyente se deba más a un sesgo de representación de la asamblea que a
otro factor.
En definitiva, la voluntad expresada en el texto constitucional apunta a un
cambio de morfología o distribución del poder en el país, para lo cual el sistema
de político resulta necesario. Así se comprende que el texto sostenga que “Chile
es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades
territoriales autónomas – entre ellas, y de manera muy especial, las Autonomías
Territoriales Indígenas (ATI)- en un marco de equidad y solidaridad entre todas
ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.En conclusión, la propuesta de sistema político y la plurinacionalidad
significarían que las personas que pertenecen a un grupo subnacional o etnia
reconocida por la Constitución tendrían leyes particulares en el ámbito del
autogobierno y autodeterminación frente a los demás ciudadanos. Esto que va
acompañado de regímenes judiciales diferenciados, lo que para algunos se
interpreta como el término del principio de igual ante la ley, lo cual está
acompañado –como hemos señalado – de una acción positiva en materia de
representación de los pueblos originarios en las instituciones del Estado.
