El caso de la fallida compra de la ex casa de Salvador Allende por parte del
gobierno del presidente Boric – para crear en ella un museo sobre el ex presidente
– sigue dando problemas y dolores de cabeza a las autoridades.
La compra de esa propiedad, en casi mil millones de pesos – precio inflado según
varios corredores de propiedades y tasadores – fue impulsada por el propio
presidente Boric, que incluso firmó el respectivo decreto.
La ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, dos de las cuatro
herederas del ex presidente Allende, firmaron ante notario público, la respectiva
escritura pública de compraventa del inmueble de calle Guardia Vieja en la
comuna de Providencia. Con su firma, ambas autoridades violaron lo establecido
en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado que les impedía suscribir
contratos con el Fisco. Llama la atención que ellas, que se supone conocen el
texto constitucional, hayan incurrido en esta flagrante violación del texto de
nuestra carta magna.
Llama también la atención el hecho de que el presidente Boric, que estudió
Derecho en la Universidad de Chile, también ignorara la muy conocida disposición
constitucional.
La ministra Fernández dará hoy su testimonio como imputada en este caso y
mañana viernes, lo hará la senadora Isabel Allende también como imputada.
